PITTSBURGH, Pennsylvania. — En marzo de 2023, la falsa alarma de que un hombre armado andaba recorriendo escuelas secundarias católicas desencadenó una fuerte respuesta policial y evacuaciones aterradoras en la ciudad. También impulsó a la diócesis a repensar lo que constituye un entorno de aprendizaje modelo.
Meses después de que cientos de estudiantes se toparan con fuerzas policiales especiales de SWAT, la diócesis de Pittsburgh comenzó a formar su propia fuerza policial armada.
Wendell Hissrich, el ex director de seguridad de la ciudad que tuvo una larga carrera como jefe de unidad del FBI, fue contratado ese año para formar un equipo que protegería a 39 escuelas católicas y docenas de iglesias en la zona.
Desde entonces, Hissrich ha agregado 15 oficiales y cuatro supervisores, incluyendo muchos ex policías retirados y patrulleros estatales que ahora vigilan los recintos escolares, equipados con kits de primeros auxilios, cámaras y desfibriladores.
La primera vez que los líderes religiosos pidieron ayuda por las alertas de emergencia falsas, conocidas como “swatting”, el agente veterano dijo que no dudó en darles un contundente consejo: “Hay que poner policías armados en las escuelas”.
Pero agregó que estos policías tenían que tratar a las escuelas como misiones especiales. “Quiero que sean ejemplos a seguir y que se integren bien en las escuelas. Busco a personas que sepan cómo tratar con los niños y con los padres y, sobre todo, que sepan cómo abordar una situación de crisis”.
La violencia por armas de fuego es una de las principales causas de muerte entre las personas jóvenes en Estados Unidos. Para los sistemas escolares, la amenaza de los tiroteos ha influido en una difícil toma de decisiones, ya que los administradores deben tener en cuenta el miedo, el deber y las estadísticas confusas para proteger a las escuelas de este peligro.
Estos riesgos volvieron a quedar trágicamente comprobados en la primera semana de septiembre, esta vez en Georgia, donde un adolescente fue acusado de abrir fuego en su escuela secundaria y matar a dos estudiantes y a dos maestros.
Aun así, hay pocas investigaciones que respalden la formación de fuerzas policiales escolares para impedir la violencia por armas de fuego, y los datos existentes dejan tantas preguntas como respuestas.
Estos datos muestran que más de la mitad de las muertes por armas de fuego en Estados Unidos son suicidios, una sombría estadística de los Centros para el Management y Prevención de Enfermedades (CDC) que refleja una variedad de males.
La violencia con armas de fuego aumentó durante la pandemia de covid-19, y los estudios encontraron que los niños negros tenían 100 veces más probabilidades que los niños blancos de ser agredidos con armas.
Las investigaciones sobre el sesgo racial de la policía en Estados Unidos, así como estudios sobre la discriminación en la disciplina escolar, han generado un llamado a la prudencia. Y una revisión citada con frecuencia por el Servicio Secreto de Estados Unidos sobre 67 planes frustrados de violencia en escuelas apoya razones para examinar la responsabilidad de los padres y la intervención policial como formas efectivas de impedir la violencia armada.
La evaluación de amenazas del Servicio Secreto, publicada en 2021, analizó planes de ataques en escuelas de 2006 a 2018 y descubrió que los estudiantes detrás de estos actos violentos tenían armas a mano en sus casas.
El informe también descubrió que los distritos escolares que contrataban a agentes policiales como oficiales escolaresa tiempo completo o parcial tenían cierta ventaja. Estos oficiales resultaron fundamentales en aproximadamente un tercio de los 67 planes frustrados de estudiantes actuales o egresados.
“La mayoría de las escuelas no se enfrentarán a un tiroteo masivo. Aunque hay cada vez más, lo cual es horrible, sigue siendo un número pequeño”, dijo Mo Canady, director ejecutivo de la Nationwide Affiliation of Faculty Useful resource Officers. “Sin embargo, los administradores no pueden verlo de esa manera”.
“Tienen que pensar: ‘Podría suceder aquí, ¿cómo podemos evitarlo?’”
A unos 20 minutos en auto hacia el norte de Pittsburgh, uno de los principales distritos escolares de la región decidió que el riesgo period demasiado. El año pasado, Brendan Hyland, superintendente de North Allegheny, recomendó renovar el equipo de oficiales escolares de dos personas del distrito (integrado desde 2018 por agentes de la policía native) para formar un equipo interno de 13 personas con oficiales en cada uno de sus 12 edificios.
Varios miembros de la junta del distrito escolar expresaron su inquietud por la presencia de policías armados en las escuelas. “Desearía que en nuestro país no tuviéramos siquiera que considerar tener un equipo policial armado”, dijo Leslie Britton Dozier, miembro de la junta, abogada y madre, durante una reunión pública de planificación.
En cuestión de semanas, todos habían votado a favor de la propuesta de Hyland, cuyo costo es de aproximadamente $1 millón al año.
Hyland dijo que el objetivo es apoyar a 1,200 miembros del private escolar y 8,500 estudiantes “con las personas preparadas para ingresar a esos edificios”. En 2018, supervisó el lanzamiento de una unidad policial en un distrito escolar más pequeño, al este de Pittsburgh.
Agregó que el distrito de North Allegheny no había basado su decisión en ninguna noticia o amenaza en específico, pero que se habían enfocado en cómo establecer un estándar de vigilancia. North Allegheny no cuenta con detectores de metales ni desea tenerlos, aunque algunos otros distritos los consideran necesarios. Pero una unidad policial capacitada dispuesta a memorizar cada entrada, escalera y cafetería, y que pueda generar confianza con los estudiantes y el private, tenía sentido, dijo.
“No soy Edison. No estoy inventando nada nuevo”, dijo Hyland. “No queremos ser el distrito que tenga que responder de forma reactiva. No quiero que me pregunten: ¿Por qué permitiste que esto sucediera?”
Desde 2020, el papel de la policía en los entornos educativos ha sido objeto de intensos debates. La muerte de George Floyd, un hombre negro de Minneapolis cuyo asesinato por parte de un policía blanco durante un arresto fue grabada en video, provocó indignación nacional y manifestaciones contra la violencia policial y los prejuicios raciales.
Algunos distritos escolares, en specific en grandes ciudades como Los Angeles y Washington, DC, respondieron a estas preocupaciones reduciendo o sacando a sus oficiales escolares. Algunas de estas decisiones fueron impulsadas por registros de trato injusto o sesgado.
Sin embargo, este año se han replanteado los riesgos en los espacios escolares y sus alrededores. En algunos casos en California, Colorado y Virginia los padres están pidiendo la reincorporación de los oficiales.
Los funcionarios escolares y policiales suelen citar el tiroteo masivo e intento de bomba en la escuela secundaria Columbine, en 1999, y la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook como razones para prepararse para lo peor.
Pero el valor de la presencia policial en las escuelas también fue objeto de escrutinio después de una dura evaluación federal del tiroteo masivo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, en 2022.
Este año, el Departamento de Justicia federal publicó un informe de 600 páginas exponiendo múltiples errores del jefe de policía escolar, incluyendo cómo intentó negociar con el asesino, que ya había disparado en un aula, y esperó a que sus oficiales encontraran las llaves para entrar. Además del adolescente que disparó, murieron 19 niños y dos maestras, y 17 personas sufrieron heridas.
El informe del Departamento de Justicia se basó en cientos de entrevistas y en una revisión de 14,000 datos y documentación. Este verano, un gran jurado imputó al ex jefe por su papel en “abandonar y poner en peligro” a los sobrevivientes y por no haber identificado una situación de tirador activo. Otro oficial de la policía escolar fue imputado por haber puesto a los estudiantes asesinados en “peligro inminente” de muerte.
También ha habido más esfuerzos judiciales para hacer cumplir las leyes de almacenamiento de armas de fuego y responsabilizar a los adultos que poseen las armas utilizadas por sus hijos en tiroteos. Por primera vez, este año, los padres de un adolescente de Michigan que le disparó fatalmente a cuatro compañeros en 2021 fueron condenados por homicidio involuntario por no asegurar un arma recién comprada en su casa.
Colin Grey, el padre del adolescente sospechoso del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia, fue acusado de homicidio en segundo grado hace pocos días. Es el cargo más severo hasta ahora contra un padre cuyo hijo tenía acceso a armas de fuego en su casa. El niño de 14 años, Colt Grey, quien fue detenido por agentes escolares en la escuela según informaron los medios, también enfrenta cargos de homicidio.
Hissrich, el director de seguridad de la diócesis de Pittsburgh, dijo que él y su ciudad aprendieron por su propia experiencia a apreciar la preparación y práctica que se necesitan para contener la violencia armada. En enero de 2018, Hissrich, que en ese momento period el oficial de seguridad de la ciudad, se reunió con grupos judíos para discutir un abordaje proactivo para proteger sus instalaciones. Los oficiales cooperaron y fueron capacitados en estrategias de encierro (“lockdown”) y rescate, dijo.
Diez meses después, el 27 de octubre de 2018, un tirador solitario entró en la sinagoga Tree of Life y, en cuestión de minutos, mató a 11 personas mientras se preparaban para la lectura y el rezo matutino.
Las fuerzas policiales se desplegaron rápidamente, capturaron al tirador y rescataron a las personas atrapadas dentro de la sinagoga. Esta respuesta coordinada fue elogiada por los testigos en el juicio contra el asesino, quien fue condenado por delitos federales en 2023 y sentenciado a muerte por el peor ataque antisemita en la historia de Estados Unidos.
“Sabía lo que se había hecho por la comunidad judía en cuanto a entrenamiento de seguridad y la preparación de los oficiales. Habían estado practicando meses antes”, dijo Hissrich, “y gracias a esa planificación, se salvaron vidas”.
